La causa por Malvinas, en otro callejón sin salida

POR VICENTE PALERMO INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL CONICET, MIEMBRO DEL CLUB POLÍTICO ARGENTINO

Las resoluciones internacionales en las que se respalda la reivindicación argentina sobre las islas no se pronuncian en favor de la soberanía de nuestro país ni desconocen los derechos de los malvinenses.

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La causa por Malvinas, en otro callejón sin salida

13/02/13 – Clarin

En noviembre de 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, formuló unas declaraciones que en Argentina pasaron bastante desapercibidas. Tras remarcar que esperaba que el gobierno británico aceptara sus buenos oficios en la cuestión Malvinas, y preocupado por el intercambio de declaraciones “fuertes” entre ambos países, agregó: “No creo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad estén violando resoluciones relevantes de las Naciones Unidas.

La impresión es que la gente que vive bajo esas condiciones debería poder obtener cierto nivel de capacidades para que puedan decidir sobre su propio futuro. Y este es el principal criterio de los órganos principales de las Naciones Unidas. Lograr la independencia o que tengan cierto gobierno de sus territorios. No creo que sea un tema de abuso o violación de resoluciones relevantes de la ONU”.

La retórica ortodoxa malvinera -recientemente expresada hasta el cansancio por boca de nuestro canciller- insiste en dos argumentos en relación a las Naciones Unidas.

Primero, las resoluciones de la ONU, se sugiere más que se afirma,nos habrían dado la razón en la “cuestión de fondo”: las Malvinas son argentinas y la potencia colonialista debe sentarse a negociar con Argentina los términos de su retirada y la restitución del archipiélago.

Segundo, tales resoluciones son contrarias a cualquier participación de los isleños en la que estos expresen sus deseos, por tratarse de una población “implantada”. Deben considerarse sus intereses, pero por las dos exclusivas partes de la negociación.

Las declaraciones de Ban Ki-moon, francas y directas, muestran hasta qué punto esos dos argumentos son falsos. Y hasta qué punto, por consiguiente, orientarnos por ellos contribuye a meternos en el callejón sin salida en el que nos encontramos en Malvinas.

La falsedad del primer argumento surge sencillamente de una lectura de las resoluciones a las que por lo general apela la ortodoxia para esgrimirlo. Por de pronto, la Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960, una declaración sobre concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, en su art. II dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.”. El V dice: “En los territorios en fideicomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas”.

Finalmente, el art. 6 reza que “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Es difícil encontrar en todo esto algo que se parezca a un reconocimiento de la soberanía argentina en las islas. Si existe un diferendo de carácter territorial, ¿sobre la base de qué consenso ha de determinarse si en el caso que nos ocupa se quebranta la unidad nacional y la integridad territorial?

Esa determinación es en sí el meollo de la disputa, no algo que pueda darse por descontado. Otro tanto sobre la pertinencia de los artículos anteriores (libre determinación): es el estatus de la población malvinense lo que es objeto de controversia.

Por supuesto, el plato fuerte de la ortodoxia malvinera es la célebre resolución 2065 -esta sí directamente destinada la cuestión Malvinas- que sin duda es más favorable a las aspiraciones argentinas. Pero, otra vez, eso no significa en absoluto ni reconocimiento de soberanía ni exclusión de los deseos de los isleños.

Por de pronto la resolución toma “nota de la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido ... acerca de la soberanía sobre dichas Islas”. Este marco algo contradictorio -una disputa de soberanía, por un lado, y la consideración del caso como uno de colonialismo, por otro- le confiere sentido a lo que sigue: continuar “sin demora” las negociaciones y hacerlo teniendo en cuenta la Resolución 1514, así como los intereses de la población de las Islas.

La resolución, sin dudas, sufre de una incurable ambigüedad.

Pero no hay cómo entender que se pronuncia a favor de Argentina en el fondo del diferendo. Y desde luego, en lo que atañe a los isleños, es inútil buscar ahí una indicación de que sus deseos sean o no considerados. Se podrá decir que las partes que negocian son dos, pero nada impide que esas dos partes dispongan convocar a un tercero y constituyan un diálogo de tres.

Por fin, tenemos la resolución 31/49 aprobada el 1 de diciembre de 1976, cuyo artículo II, que “insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado” ha sido desconocido reiteradamente por Argentina y por Inglaterra.

El desconocimiento argentino más craso es la invasión de 1982. Los británicos han encontrado en él una coartada para dar curso a un proceso unilateral de difícil reversión.