POR RICARDO KIRSCHBAUM (*)
Fueron liberados a 30 años del conflicto. Las actas del comité de crisis de Thatcher.
Rendición. El 14 de junio de 1982 en las islas, fin de la guerra en las Malvinas./ap
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30/12/12-Clarin
Gran Bretaña estuvo a punto de atacar a la flota argentina que se había retirado de la zona de combate y ubicado dentro de las 12 millas de la plataforma continental. La propuesta fue aprobada por Margaret Thatcher, primer ministra del Reino Unido, pero quedó a criterio de los comandantes británicos si advertían que sus barcos corrían peligro.
Las actas de las reuniones en Downing 10, sede del gobierno británico, durante la guerra por las islas Malvinas son muy detalladas y, salvo algunos párrafos que fueron testados y se mantienen en secreto, son muy elocuentes sobre las alternativas del choque armado. La documentación puede ser consultada libremente y fue liberada del secreto al cumplirse treinta años de aquellos acontecimientos.
La documentación argentina se fue conociendo por retazos hasta que el llamado Informe Rattembach, redactado por el general que encabezó la investigación militar, fue liberado por la presidenta Cristina Kirchner este año.
Los documentos británicos están divididos en capítulos en los que se tratan cuestiones diplomáticas, políticas y militares, e n un comité que se reunía casi diariamente y que estaba presidido por Margaret Thatcher y del que participaban el ministro de Defensa, John Nott; el ministro de Relaciones Exteriores, Francis Pym; el ministro de Asuntos Internos, William Whitelaw y los responsables de las fuerzas armadas, especialmente el primer almirante, sir Terence Lewin.
En esas reuniones, se mezclaron temas como las negociaciones diplomáticas con Argentina, a través del secretario de Estado de EE.UU., Alexander Haig; los planes militares para recapturar las Georgias del Sur, primero, y las islas Malvinas, después; qué hacer con el teniente Alfredo Astiz, reclamado por Francia y Suecia por crímenes de lesa humanidad por el secuestro y desaparición de las monjas francesas y de una ciudadana sueca que desapareció en la ESMA; las conflictivas relaciones con la BBC, que se negaba a someterse a una estrategia que afectase la calidad e independencia de su periodismo; y la permanente preocupación del gobierno británico por no afectar las relaciones con Ronald Reagan.
Respecto a este último punto, por ejemplo, los británicos estaban interesados en que, si se llegaba a un acuerdo con la Argentina, los Estados Unidos desplegaran tropas y equipamiento para defender el aeropuerto de Puerto Argentino y disuadir una “segunda invasión” argentina, si las negociaciones finalmente fracasaban.
Las negociaciones sobre el status final de las islas estuvieron muy presentes en esos días. Había fórmulas de una administración interina y luego una definición sobre la soberanía sobre la que nunca hubo acuerdo porque los británicos insistían con que se debían contemplar los deseos de los isleños, es decir los deseos de pertenecer o no a la comunidad británica, y los argentinos se mantuvieron firmes en que la opinión de los pobladores de las Malvinas no sea fundamental.
Según la documentación que ahora es pública, el fantasma de la “segunda invasión” estuvo siempre presente.
Una cuestión importante fue la discusión en principios de abril si la fuerza expedicionaria británica debía o no llevar armamento nuclear.
Se convino en ese comité que las “rules of engagement” para el conflicto en el Atlántico Su r excluían ese armamento, pero nadie puede asegurar a ciencia cierta si algunos buques lo portaban.
En cambio, las reglas para los submarinos de propulsión nuclear no se modificaron y éstos participaron del ataque.
Otra cuestión fue la discusión sobre el desembarco en las islas. Finalmente ocurrió en el estrecho de San Carlos, que separa a ambas islas, el 20 de mayo de 1982. En la planificación previa, el almirantazgo británico planteó la existencia de cuatro amenazas: Los barcos argentinos de superficie, que se habían retirado luego del hundimiento del crucero General Belgrano y se mantenían navegando dentro de las 12 millas de plataforma exclusiva, cerca de la costa. Allí se examinó seriamente atacar a la flota argentina , aun dentro de esta zona, si constituía un peligro para los británicos. Sin embargo, en la discusión también se dijo que el peligro que significaba la flota de superficie estaba neutralizado.
El ministro de Defensa, John Nott, sostuvo en ese comité de guerra que la Armada británica había perdido ya cuatro barcos (luego perdería varios más) y que no se podía permitir que barcos armados con exocets o aviones lanzados desde el continente o desde el portaviones Independencia siguieran operando desde un “santuario” que no se podía atacar por razones políticas. Allí fue cuando se señaló que el hundimiento del portaviones argentino podría tener consecuencias muy negativas en la opinión pública mundial que, en general, apoyaba a Londres.
La fuerza submarina argentina fue considerada como de algún peligro y con capacidad de hacer daño si es que la lanzaban al ataque a cualquier costo. Se adoptaron, según dicen los documentos, muchas medidas antisubmarinas para contrarrestar esa potencial amenaza.
La aviación, un arma letal para los británicos a la que temían con razón, les habían inflingido ya pérdidas grandes. Se analizó cómo neutralizar al único portaaviones argentino, que también se había retirado de la zona de combate, y algunas bases aéreas en el sur, lo que significaba atacar el continente.
Se reconoció que no se tenía la total supremacía aérea en la zona de combate.
Se advirtió que habría muchas víctimas y que había que preparar a la opinión pública británica sobre el elevado costo de la operación.
Otro de los capítulos de los documentos se refieren a la situación del entonces teniente Alfredo Astiz, apresado sin luchar en las islas Georgías del Sur, a pesar de que la abundante propaganda argentina sostenía que sus hombres combatirían a morir. Astiz fue llevado a la isla de Ascensión, junto con los otros prisioneros, y se lo retuvo allí para que Francia y Suecia lo interrogasen acerca de su participación en la represión ilegal en la Argentina.
Thatcher dijo que Astiz debía ser interrogado pero que estaba en su derecho no responder a las preguntas francesas y suecas. En ese caso, manifestó la premier deberá ser liberado porque Londres no violará la Convención de Ginebra, que establece el trato de los prisioneros durante la guerra. Varias veces se trató el tema Astiz y se trató con delicadeza porque querían que Francia se mantuviera al lado de Londres y que bloqueara la venta de misiles exocet a la Argentina.
Astiz fue llevado al Reino Unido. Francia entregó diez preguntas para que se le formulasen sobre la desaparición de dos monjas francesas (Astiz fue finalmente condenado en la Argentina por esos crímenes) y Suecia hizo lo propio sobre la desaparición de Dagmar Hagelin.
El marino, que está siendo nuevamente enjuiciado por su particición en el campo de concentración de la ESMA, no respondió a las preguntas,como Thatcher predijo.
Y volvió de regreso a la Argentina.
(*)Editor general de Clarin y co autor de “Malvinas, la trama secreta”
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