Tribuna
Malvinas: el Ejecutivo no puede decidir solo
Marcelo Kohen. Profesor de Derecho Internacional, Graduate Institute, Ginebra
En recientes declaraciones sobre la cuestión Malvinas, la Canciller Susana Malcorra distinguió entre los acuerdos con el Reino Unido que requieren aprobación parlamentaria y aquellos que el Ejecutivo puede concluir por sí solo. Ciertamente, la práctica argentina e internacional en material de tratados permite hacer esta distinción. En los acuerdos en forma simplificada las partes manifiestan su consentimiento solo a través de la firma y su entrada en vigor es inmediata. Sin embargo, no se trata aquí de una discusión técnica. No estamos hablando de un acuerdo aeronáutico entre la Argentina y Brasil o de las modalidades de la venta de soja a China. Se trata aquí, ni más ni menos, de la controversia internacional más importante que mantiene la Argentina y de la decisión o no de implementar una política de Estado sobre la cuestión Malvinas.
La política de Estado no se resume en la presencia anual de parlamentarios del oficialismo y de la oposición cuando el canciller argentino va al Comité de Descolonización de la ONU. Exige un trabajo serio y consensuado sobre estrategias y objetivos a corto y mediano plazo. El lugar natural, aunque no exclusivo, para la implementación de tal política de Estado es el Congreso Nacional, y en particular las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras.
Hasta el momento, con excepción de la identificación de los soldados argentinos enterrados en Darwin, todos los puntos sobre Malvinas que se discuten son los propuestos por el Reino Unido: vuelos a terceros países, pesca y petróleo. Para la Canciller, el último requiere acuerdo parlamentario, no así los primeros. Sin embargo, los tres son de importancia fundamental en la controversia. Como la élite que controla la economía de las islas lo ha afirmado explícitamente, necesitan desesperadamente más vuelos (desde hace tiempo, no hay más plazas en el vuelo semanal desde Chile hasta fin de marzo}. La pesca es el recurso que desde 1987 ha permitido que las islas sean el territorio con el PBI más alto del mundo. No es necesario abundar sobre hidrocarburos. Una política de Estado exige que todas esas cuestiones de importancia crucial sean debatidas y consensuadas.
La estrategia británica apunta a fortalecer los vínculos de las islas con los países vecinos y a excluir a las empresas y al territorio continental argentinos. El gobierno argentino tiene en sus manos la llave para permitir o no que se desarrolle esa estrategia.
Es preciso una relación correcta con los isleños y respetuosa de sus derechos individuales y colectivos, como lo manda la Constitución Nacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Propuestas concretas son necesarias. Pero no nos equivoquemos. Solucionarles todos los problemas que trae la existencia de la disputa de soberanía sin que el gobierno británico se avenga a resolverla, mientras continúa a aplicar una política discriminatoria hacia la Argentina y a explotar los recursos naturales, equivale a enviarle un mensaje de que puede seguir así por tiempo indefinido.
La política de Estado no se resume en la presencia anual de parlamentarios del oficialismo y de la oposición cuando el canciller argentino va al Comité de Descolonización de la ONU. Exige un trabajo serio y consensuado sobre estrategias y objetivos a corto y mediano plazo. El lugar natural, aunque no exclusivo, para la implementación de tal política de Estado es el Congreso Nacional, y en particular las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras.
Hasta el momento, con excepción de la identificación de los soldados argentinos enterrados en Darwin, todos los puntos sobre Malvinas que se discuten son los propuestos por el Reino Unido: vuelos a terceros países, pesca y petróleo. Para la Canciller, el último requiere acuerdo parlamentario, no así los primeros. Sin embargo, los tres son de importancia fundamental en la controversia. Como la élite que controla la economía de las islas lo ha afirmado explícitamente, necesitan desesperadamente más vuelos (desde hace tiempo, no hay más plazas en el vuelo semanal desde Chile hasta fin de marzo}. La pesca es el recurso que desde 1987 ha permitido que las islas sean el territorio con el PBI más alto del mundo. No es necesario abundar sobre hidrocarburos. Una política de Estado exige que todas esas cuestiones de importancia crucial sean debatidas y consensuadas.
La estrategia británica apunta a fortalecer los vínculos de las islas con los países vecinos y a excluir a las empresas y al territorio continental argentinos. El gobierno argentino tiene en sus manos la llave para permitir o no que se desarrolle esa estrategia.
Es preciso una relación correcta con los isleños y respetuosa de sus derechos individuales y colectivos, como lo manda la Constitución Nacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Propuestas concretas son necesarias. Pero no nos equivoquemos. Solucionarles todos los problemas que trae la existencia de la disputa de soberanía sin que el gobierno británico se avenga a resolverla, mientras continúa a aplicar una política discriminatoria hacia la Argentina y a explotar los recursos naturales, equivale a enviarle un mensaje de que puede seguir así por tiempo indefinido.
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