Argumentos ilegales sobre Malvinas
11/07/11 - 01:56-ClarinGran Bretaña invoca un principio de derecho internacional por el cual el territorio sigue a la voluntad de la gente, con independencia del origen del territorio. Pero esta idea no es compatible con otras, acordes con tiempos de descolonización.
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Es natural que la sola mención de la “causa” de las Malvinas suela estar asociada con el nacionalismo y que dicha asociación provoque cierta desconfianza. En primer lugar, con una asombrosa precisión el nacionalismo argentino estuvo ligado a casi todas las causas equivocadas, la dictadura militar en particular. Sin embargo, de ahí no se sigue que el nacionalismo sea en sí mismo necesariamente el problema. En realidad, se trata de una noción típicamente política en su indeterminación ya que se podrían invocar argumentos nacionalistas, por ejemplo, tanto a favor como en contra de la invasión de 1982. Dado que los argumentos a favor son conocidos, en contra – sin entrar en consideraciones estrictamente morales – se podría sostener la imprudencia e irresponsabilidad superlativas de hacer la guerra a Gran Bretaña y de ese modo fortalecer a la dictadura militar vernácula.
En segundo lugar, el natural recelo provocado por el nacionalismo puede ser atribuido a cierta exageración respecto al vínculo que existe entre un Estado y su territorio. En efecto, no es infrecuente que algunos sostengan que entre un Estado y su territorio existe una conexión tal que sería imposible concebir, por ejemplo, a la Argentina sin su territorio esencial o sustancialmente argentino. En realidad, las naciones requieren de cierto territorio, de un territorio para poder existir y actuar, antes que de un determinado y único territorio en particular. En todo caso, la relación que guarda el país con su territorio es el resultado de varias decisiones políticas (las cuales muy probablemente incluyan tratados, guerras, etc.) antes que un destino asegurado de antemano.
Por otro lado, tienen razón quienes sostienen que un país como el nuestro con una densidad de población minúscula puede fácilmente arreglárselas sin contar con una porción mínima de territorio. Este argumento, sin embargo, no es invocado por Gran Bretaña, y muy probablemente se deba a una muy buena razón, ya que implicaría sostener que un país sólo tiene derecho al territorio que necesita. Ahora bien ¿acaso Gran Bretaña necesita estrictamente a las Malvinas, Gibraltar, la península de Cornwall o Gales para el caso? ¿Y si fuera el caso, más que Argentina?
En realidad, el argumento más fuerte que invoca Gran Bretaña es el principio de derecho internacional según el cual el territorio sigue a la voluntad de la gente, con independencia del origen del territorio. El problema con el principio del consentimiento es que no es fácilmente compatible con otro reciente principio del derecho internacional acorde con la época de la descolonización, según el cual la ocupación colonial es en el fondo el producto de una agresión y por lo tanto lisa y llanamente ilegal. El hecho de que dicha ocupación haya contado con el apoyo de la población en el territorio en cuestión no puede ser decisivo, particularmente cuando dicha población es mayoritaria o totalmente colonial. Es natural que la ocupación colonial produzca resultados colonialistas. La ocupación colonial es entonces como un delito continuo o permanente, cuyos efectos siguen en vigor mientras dura el delito. Para que empezara a contar el plazo de la prescripción primero habría que desocupar el territorio, lo cual frustraría ciertamente la reivindicación colonial.
Habría que tener en cuenta además que la legítima defensa invocada en 1982 por Gran Bretaña ante la agresión argentina no le otorga derecho alguno de soberanía sobre las islas, sino que sólo podría justificar legalmente los actos de guerra cometidos contra nuestro país en dicha ocasión. La legítima defensa en contra del agresor si bien justifica repeler al agresor no implica sin embargo el derecho de poder quedarse con los bienes del agresor.
Es entonces comprensible la desconfianza que suelen inspirar los nacionalistas al hablar de casi cualquier tema, en especial de la relación entre el territorio y el Estado. Pero de ahí no se sigue que el nacionalismo no tenga sentido como ideología política y que por lo tanto la Argentina no tenga derechos sobre las Malvinas. Al fin de cuentas, la aspiración británica no es menos nacional que la argentina. Para poder oponerse sin más a la reivindicación pacífica de las islas habría que defender un régimen político completamente cosmopolita (lo cual además por implicación impediría toda reivindicación nacional sobre las islas, incluyendo la británica) o el anarquismo, dos posiciones que, aunque no carecen de atractivo, tienen graves problemas propios.
En segundo lugar, el natural recelo provocado por el nacionalismo puede ser atribuido a cierta exageración respecto al vínculo que existe entre un Estado y su territorio. En efecto, no es infrecuente que algunos sostengan que entre un Estado y su territorio existe una conexión tal que sería imposible concebir, por ejemplo, a la Argentina sin su territorio esencial o sustancialmente argentino. En realidad, las naciones requieren de cierto territorio, de un territorio para poder existir y actuar, antes que de un determinado y único territorio en particular. En todo caso, la relación que guarda el país con su territorio es el resultado de varias decisiones políticas (las cuales muy probablemente incluyan tratados, guerras, etc.) antes que un destino asegurado de antemano.
Por otro lado, tienen razón quienes sostienen que un país como el nuestro con una densidad de población minúscula puede fácilmente arreglárselas sin contar con una porción mínima de territorio. Este argumento, sin embargo, no es invocado por Gran Bretaña, y muy probablemente se deba a una muy buena razón, ya que implicaría sostener que un país sólo tiene derecho al territorio que necesita. Ahora bien ¿acaso Gran Bretaña necesita estrictamente a las Malvinas, Gibraltar, la península de Cornwall o Gales para el caso? ¿Y si fuera el caso, más que Argentina?
En realidad, el argumento más fuerte que invoca Gran Bretaña es el principio de derecho internacional según el cual el territorio sigue a la voluntad de la gente, con independencia del origen del territorio. El problema con el principio del consentimiento es que no es fácilmente compatible con otro reciente principio del derecho internacional acorde con la época de la descolonización, según el cual la ocupación colonial es en el fondo el producto de una agresión y por lo tanto lisa y llanamente ilegal. El hecho de que dicha ocupación haya contado con el apoyo de la población en el territorio en cuestión no puede ser decisivo, particularmente cuando dicha población es mayoritaria o totalmente colonial. Es natural que la ocupación colonial produzca resultados colonialistas. La ocupación colonial es entonces como un delito continuo o permanente, cuyos efectos siguen en vigor mientras dura el delito. Para que empezara a contar el plazo de la prescripción primero habría que desocupar el territorio, lo cual frustraría ciertamente la reivindicación colonial.
Habría que tener en cuenta además que la legítima defensa invocada en 1982 por Gran Bretaña ante la agresión argentina no le otorga derecho alguno de soberanía sobre las islas, sino que sólo podría justificar legalmente los actos de guerra cometidos contra nuestro país en dicha ocasión. La legítima defensa en contra del agresor si bien justifica repeler al agresor no implica sin embargo el derecho de poder quedarse con los bienes del agresor.
Es entonces comprensible la desconfianza que suelen inspirar los nacionalistas al hablar de casi cualquier tema, en especial de la relación entre el territorio y el Estado. Pero de ahí no se sigue que el nacionalismo no tenga sentido como ideología política y que por lo tanto la Argentina no tenga derechos sobre las Malvinas. Al fin de cuentas, la aspiración británica no es menos nacional que la argentina. Para poder oponerse sin más a la reivindicación pacífica de las islas habría que defender un régimen político completamente cosmopolita (lo cual además por implicación impediría toda reivindicación nacional sobre las islas, incluyendo la británica) o el anarquismo, dos posiciones que, aunque no carecen de atractivo, tienen graves problemas propios.
